jueves, 27 de febrero de 2014

Hace 25 años bajaron los barrios a reclamar un mejor país "El Caracazo"


Las medidas económicas implementadas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez generaron un malestar en la población, que produjo el estallido social. Una década después el Estado venezolano fue condenado por los derechos humanos violentados en la actuación de la fuerza pública para repeler la protesta

Hace 25 años, un día como hoy, el pueblo tomó las calles para protestar en contra de medidas que consideraban, estaban atentando contra los venezolanos. Bajaron los barrios de Caracas, específicamente los de Guarenas, y como una reacción en cadena, el malestar generalizado de un país provocó el estallido social que cobró la vida de cerca de 300 personas según la cifra oficial, pero que se estiman en una cantidad mucho mayor.

A esa protesta nacional se le conoce como “El Caracazo” y surgió aquel 27 de febrero de 1989, luego que el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, quien había ganado las elecciones hacía un par de meses, lanzará un “paquete económico” que incluía desde el aumento de la gasolina, la liberación de los precios hasta el incremento de las tarifas de servicios, entre otras tantas que fueron recibidas con rechazo.

La manifestación comenzó muy temprano en la mañana. Al principio en los sectores populares había protestas pacíficas, pero ante el descontrol y la falta de acción de los cuerpos de seguridad, se produjeron más enfrentamientos, motines y saqueos, cada vez más violentos. Caracas quedó incomunicada con el oriente por más de siete horas.

En la tarde, las protestas ya se estaban presentando también en La Guaira, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Mérida y Ciudad Guayana. Esa situación obligó al Gobierno a declarar toque de queda, militarizó las principales ciudades y represó las protestas con violencia. El "Plan Ávila" fue activado en Caracas, confiriendo al Ejército la custodia de la capital. Acto seguido, fueron suspendidas las garantías constitucionales.

 
DEBACLE ECONÓMICO

Los venezolanos salieron a las calles a reclamar las medidas económicas que el gobierno de Carlos Andrés Pérez había decretado bajo el nombre de “El Gran Viraje” y que perseguía, según los argumentos esgrimido entonces,liberar la economía a través de un programa de ajustes macroeconómicos promovido por el Fondo Monetario Internacional, para hacerle frente a la crisis económicas que había heredado de las gestiones de Luis Herrera Campin (devaluación del bolívar) y Jaime Lusinchi (control de precios).Una de las medidas que mayor impacto tuvo, fue el alza en 30% de los precios de la gasolina y el incremento de las tarifas del transporte público hasta un 100%.

ESTADO “CULPABLE”

Familiares de las víctimas de “El Caracazo”, amparados en los derechos que le otorga la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ejercieron una querella en contra del Estado citando susderechos a la Vida, a la Integridad Personal, a la Libertad Personal, las Garantías Judiciales y la Protección Judicial. En 2002,la Corte declaró culpable al Estado y le ordenó, entre otras medidas, indemnizar a las familias de las víctimas. Esta medida se cumplió “a medias” en 2004 según la información reseñada en el portal web del Comité de Familiares Víctimas del 27F (Cofavic).

 
CIENTOS DE VICTIMAS

Según la cifra oficial que dio a conocer el gobierno de Carlos Andrés Pérez, “El Caracazo” dejó un saldo de 276 muertos y varios desaparecidos. Sin embargo, esta cifra quedó desvirtuada luego que se descubrieran fosas comunes como La Peste, en el Cementerio General del Sur, donde aparecieron 68 cuerpos sin identificar. El Comité de Familiares de las Víctimas ha manifestado que “nunca se pudo conocer la cifra exacta de civiles muertos en estos sucesos”.


25 AÑOS DESPUÉS

El 25 aniversario de “El Caracazo” llega en un momento de tensión en el país, tras dos semanas de protestas en las principales ciudades, que han cobrado la vida de 15 venezolanos. Estas manifestaciones han generado situaciones de violencia que ha ameritado la actuación de la Guardia Nacional que, en algunos casos, ha sido “exagerado” según denuncias de organismos defensores de los Derechos Humanos.

Al respecto, Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares Víctimas del 27F (Cofavic), refirió recientemente en entrevista con medio de comunicación nacional, que se estaba evidenciando una actuación de “represión” similar actualmente, a la vivida en “El Caracazo”. “En el caso de la fuerza pública hay un punto en común, y es que no hay mecanismos de control por parte del Estado para garantizar el orden público”.

Ortega recordó en esa entrevista que “Desde hace 25 años está claro que el Estado también es responsable de la actuación fuera de la ley de grupos armados con su aquiescencia o tolerancia”.

Fuente: ElPeriodiquito
 
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