"Las computadoras tienen tecnología vieja, el sistema operativo no es el actual, establecieron un precio que no corresponde con las características del equipo", dijo al señalar que en la factura consignada ante Cadivi el valor unitario de cada computadora para su importación era de 1.980 dólares.
El ministro para el Comercio, Alejandro Fleming, indicó este viernes que la cadena comercializadora Compumall será investigada por la Fiscalía General de la República por presentar irregularidades en la solicitud de divisas a la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).
Luego de una inspección en la sede administrativa de la empresa dedicada a la comercialización de productos tecnológicos, ubicada en Caracas, Fleming explicó que en agosto de 2013 Compumall solicitó a Cadivi la cantidad de 100.430 dólares para la adquisión de 50 computadoras portátiles a una importadora llamada SCS Tecnology Corporation, ubicada en Estados Unidos.
"Las computadoras tienen tecnología vieja, el sistema operativo no es el actual, establecieron un precio que no corresponde con las características del equipo", dijo al señalar que en la factura consignada ante Cadivi el valor unitario de cada computadora para su importación era de 1.980 dólares.
El ministro detalló que de acuerdo con las características internas de cada computadora, el precio real por unidad debía ser de 450 dólares, por lo que el monto total a solicitar era de 23.930 dólares. Esto se traduce en un 75% más de las divisas necesarias para la importación de las unidades.
Además, luego de una revisión en el acta constitutiva de la empresa, se identificó que Carlos Sultan es el presidente de la cadena comercializadora y también el dueño de la importadora.
"Es decir que esta importadora se ha vendido prácticamente a sí misma, y además con sobreprecio en divisas, que se han adquirido a través de Cadivi. SCS Tecnology Corporation ha accedido a más de 15,5 millones de dólares por esa vía", apuntó Fleming.
Durante la inspección también se detectó que Compumall incorpora el pago de impuestos fiscales en su estructura de costos.
El Cuerpo de Inspectores de la Presidencia de la República, funcionarios de la Sundecop, Seniat, Indepabis y efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) continuarán en las oficinas administrativas de la empresa para concretar el establecimiento de precios justos.
Luego de una inspección en la sede administrativa de la empresa dedicada a la comercialización de productos tecnológicos, ubicada en Caracas, Fleming explicó que en agosto de 2013 Compumall solicitó a Cadivi la cantidad de 100.430 dólares para la adquisión de 50 computadoras portátiles a una importadora llamada SCS Tecnology Corporation, ubicada en Estados Unidos.
"Las computadoras tienen tecnología vieja, el sistema operativo no es el actual, establecieron un precio que no corresponde con las características del equipo", dijo al señalar que en la factura consignada ante Cadivi el valor unitario de cada computadora para su importación era de 1.980 dólares.
El ministro detalló que de acuerdo con las características internas de cada computadora, el precio real por unidad debía ser de 450 dólares, por lo que el monto total a solicitar era de 23.930 dólares. Esto se traduce en un 75% más de las divisas necesarias para la importación de las unidades.
Además, luego de una revisión en el acta constitutiva de la empresa, se identificó que Carlos Sultan es el presidente de la cadena comercializadora y también el dueño de la importadora.
"Es decir que esta importadora se ha vendido prácticamente a sí misma, y además con sobreprecio en divisas, que se han adquirido a través de Cadivi. SCS Tecnology Corporation ha accedido a más de 15,5 millones de dólares por esa vía", apuntó Fleming.
Durante la inspección también se detectó que Compumall incorpora el pago de impuestos fiscales en su estructura de costos.
El Cuerpo de Inspectores de la Presidencia de la República, funcionarios de la Sundecop, Seniat, Indepabis y efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) continuarán en las oficinas administrativas de la empresa para concretar el establecimiento de precios justos.
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